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Fin de etapa

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Esta semana cierro una etapa.

Tras más de dos décadas dedicada a la comunicación (y otros menesteres) en la defensa de los derechos del consumidor en CEACCU, la primera asociación de consumidores de España, toca pasar página.

Durante este tiempo, he tenido ocasión de trabajar en una organización enormemente independiente que me ha permitido actuar con autonomía y libertad. Gobierno tras gobierno, hemos sido críticos en asuntos como la liberalización eléctrica, la comercialización de productos financieros complejos, las falsedades del etiquetado alimentario o acuerdos comerciales como el CETA o el TTIP.

Aquí dejo algunas muestras:

También me ha permitido trabajar en un área que me resulta especialmente cercana: la regulación de los medios de comunicación y el derecho a la información.

En 1994 publicamos el estudio “Sociedad, consumidores y medios de comunicación”, del que fui autora, y he coordinado otros como “Los usuarios en la sociedad de la información” (1997), o “Televisión y derechos de los usuarios”. También he escrito publicaciones divulgativas como “Pantallas amigas: niños y niñas ante el consumo de TV y otras pantallas”, que pretendía contrarrestar el miedo hacia las nuevas formas de consumo de contenidos culturales o de entretenimiento.

Además, coordiné dos congresos nacionales sobre esta materia, en 2004 y 1995, que contaron con la intervención de responsables políticos, directivos de medios de comunicación, juristas y académicos y la asistencia de varios centenares de inscritos. Fueron iniciativas pioneras que lograron ampliar el ámbito de la defensa del derecho a la información reducido entonces a organizaciones profesionales y a asociaciones familiaristas.

Uno de los reconocimientos de esta tarea fue haber participado en el informe del llamado “Comité de sabios” para la reforma de RTVE, cuando el “Ente” pasó a ser una corporación independiente abriendo una etapa de libertad y prestigio de sus servicios informativos.

En el Congreso de los Diputados también he tenido que comparecer sobre estos temas, como cuando se tramitaba la transposición de la llamada “Directiva sobre Televisión sin Fronteras”. Otras veces me he quedado “en las puertas”: estuve en la lista de comparecientes de una iniciativa legislativa que empezó su andadura parlamentaria pero acabó en un cajón en el que todavía sigue, la ley del estatuto del periodista profesional.

En Internet también estuvimos con los pioneros. Fuimos la primera organización (y la única entre las asociaciones generalistas de consumidores) en sumarnos en 1999 a la primera huelga pro-tarifaplana, promovida por una incipiente entonces Asociación de Internautas. Dos años antes, en 1997,  habíamos lanzado nuestro sitio web, en el que ya entonces ofrecíamos servicios al consumidor y un amplio catálogo de contenidos. Medios especializados como el “Diario del Navegante” de El Mundo, o PCWorld, nos eligieron en distintas ocasiones entre las 10 mejores webs de aquel momento en España.

Como las asociaciones tenemos recursos limitados, es habitual que sus técnicos tengamos que llevar “varias gorras”. Lejos de ser un problema, me ha permitido aportar mis competencias en comunicación a otros ámbitos, como la alimentación o la seguridad alimentaria, donde he representado los intereses del consumidor en temas como la crisis de las vacas locas o las alegaciones de salud en el etiquetado.

Parte de ese trabajo ha quedado reflejado en informes (como “Alimentos que todo lo pueden: la realidad de las alegaciones de salud en los alimentos”), o en el BOE, al haber contribuido a impulsar la creación de la agencia de seguridad alimentaria, aunque no lográramos todo lo que nos proponíamos. También en publicaciones divulgativas (soportes de inumerables acciones de formación) como la guía “¿Sabemos lo que comemos?”, editada en 2008.

De las últimas actividades, me siento especialmente satisfecha de haber propiciado el acuerdo con la plataforma Fíltrala. Creo que el futuro de los derechos del consumidor está unido necesariamente al de una mayor transparencia (sobre el funcionamiento del mercado, formación de precios, seguridad de los productos, prácticas abusivas…), y no debemos esperar a que los poderes públicos o las empresas lo promuevan voluntariamente.

Uno de los privilegios de esta etapa ha sido el de trabajar con profesionales excepcionales, como Eugenio Ribón, al frente de los servicios jurídicos y probablemente el mejor abogado en derecho del consumo en España. También el más audaz y valiente. Fue capaz de oponerse al arbitraje de las preferentes, cuando pertenecía a la Junta Arbitral Nacional o a formar abogados para litigar contra los bancos cuando era presidente de la sección de consumo del ICAM. Su independencia le costó ambos cargos.

Han sido unos años apasionantes, en los que he tenido oportunidad de vivir la capacidad, y las limitaciones, de la sociedad civil para intervenir en el espacio público. También ha coincidido con el surgimiento de nuevos modelos de activismo, como he reflejado en otro sitio. Desde un enfoque u otro, los problemas permanecen: los derechos de los consumidores en asuntos esenciales, no solo para su calidad de vida, sino para su propia condición de ciudadanía, están en retroceso. El acceso a servicios esenciales en condiciones justas, el derecho a una alimentación sana a precios razonables o la capacidad para defenderse ante los tribunales en igualdad con las empresas son retos que están sin resolver.

Desde mis futuras ocupaciones, procuraré seguir empujando para que la balanza esté un poco más equilibrada.

Gracias a los medios de comunicación, compañeros de otras asociaciones, técnicos y cargos públicos de la Administración del Estado que me han acompañado a lo largo de todos estos años. De todos ellos guardo muchos aprendizajes y un gran recuerdo.

Seguimos 🙂